Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía | 20 abril 2024.

El Sindicato exige al Gobierno central la recuperación de los derechos de los 80.000 empleados públicos de Málaga

    CCOO ha realizado concentraciones ante las subdelegaciones de Gobierno de todo el territorio nacional en defensa de unos servicios públicos de calidad y por la recuperación de los derechos del personal público. En el caso de la provincia de Málaga, según datos de esta organización sindical, hay unos 80.000 empleados públicos, a todas estas personas se les ha arrebatado numerosos derechos laborales y sociales durante estos últimos años, los cuales se han visto incrementados durante la pandemia. Junto a ello, los servicios que se ofrecen a la ciudadanía también se han visto mermados. Por ello, con la protesta de hoy CCOO exige al Ejecutivo que incremente la contratación de este colectivo, que cumpla los acuerdos firmados y que aumente el presupuesto para los servicios esenciales.

    10/11/2021.
    Asistentes a la concentración en Málaga

    Asistentes a la concentración en Málaga

    El responsable del área pública de CCOO de Málaga, José Santofimia, ha manifestado durante la concentración realizada ante la Subdelegación provincial de Gobierno, que “valoramos que el Gobierno atendiese nuestras demandas y que haya aprobado por Real Decreto Ley los incrementos retributivos de las empleadas y empleados públicos”. Sin embargo, ha exigido su cumplimiento, desarrollo y mejora en un tercer Acuerdo que garantice la recuperación de los derechos arrebatados a más de tres millones de personas del sector público, de ellos, unos 80.000 trabajan en la provincia de Málaga”. A modo de ejemplo, el responsable ha explicado que “durante estos últimos años, coincidiendo con la crisis económica, estas personas han perdido entre un 11% y un 18% de poder adquisitivo y sólo han recuperado hasta ahora un 4%”.

    Al respecto, el representante sindical ha asegurado que aún hay asuntos pendientes como por ejemplo el compromiso de mantener el poder adquisitivo de este colectivo, el desarrollo del EBEP (carrera y promoción profesional), el rejuvenecimiento de las plantillas, la no amortización de las plazas, reducir la brecha de género, acometer el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, pendiente desde su publicación en 2007, aumentar la oferta de empleo público, la eliminación de cualquier tipo de discriminación entre personal fijo y temporal, la carrera profesional, la evaluación del desempeño, la cualificación y clasificación profesional, la movilidad interadministrativa o la regulación del teletrabajo, entre otros. “Todas ellas son materias que afectan directamente a la negociación actual de los Presupuestos Generales del Estado para 2022”, ha apuntado.

    Otra de las cuestiones pendientes aún y que fue aprobado en un acuerdo del año 2020 es la reducción de la temporalidad pasando del 24% al 8%. Esta tasa de temporalidad en la provincia de Málaga rebasa el 20% en los más de 17.000 profesionales de Sanidad, o en los cerca de 20.000 docentes de los centros de enseñanza, pero se agrava en otros sectores como es el caso del personal laboral de la Junta de Andalucía, con más de un 30% de temporalidad, y se extrema aún más en las empleadas y empleados de las administraciones locales, con una media del 40% de temporalidad, llegando al 75% en algunos ayuntamientos”.

    Santofimia ha insistido en que “los servicios públicos esenciales son la única garantía de equidad en derechos de la ciudadanía”. Por ello, debe haber una apuesta clara porque éstos se presten directamente por empleados y empleadas públicas, garantía de calidad en el desempeño de los mismos, lo que debe conllevar la reversión de privatizaciones y de servicios públicos externalizados.

    A su vez, ha puesto algunos ejemplos de lo que ocurre en los distintos sectores públicos de la provincia de Málaga. En el caso de los centros de enseñanza nos encontramos con ratios de alumnado por aula de las más altas de España y estimamos que serían necesarios alrededor de 1.500 docentes. En la administración de justicia estimamos necesario doblar los 1.700 profesionales que hay en activo para evitar el colapso que nos encontramos actualmente en los juzgados. En sanidad sería necesario aumentar la plantilla en 2.500 profesionales de la salud, para garantizar unos centros de salud abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera. En cuanto a la administración estatal, exigimos aumentar la plantilla a 12.000 profesionales, cuando sólo 9.700 trabajan actualmente en organismos como el INSS, SEPE o la misma Inspección de trabajo, que han visto cómo su volumen de trabajo se ha incrementado exponencialmente en los últimos tiempos debido a las tramitaciones de prestaciones COVID, Ingreso Mínimo Vital o expedientes de ERTE.

      •