Jaime Redondo

Parece ser que una mayoría apuestan por esta continuidad de cuidados cuyo origen se encuentra en Estados Unidos cuando a finales de los años 70 como una respuesta ante los problemas detectados en los hospitales psiquiátricos de ese país.

A lo largo de estos años se ha ido extendiendo por todo el mundo, y todos los modelos de apoyo comunitario tienen como objetivo asegurar la continuidad de cuidados, reducir la hospitalización, mejorar el funcionamiento social y la calidad de vida de los pacientes.  Para lograrlo son básicas cinco funciones: la evaluación, la planificación personalizada, la coordinación, el seguimiento y la defensa de los derechos de los pacientes.

Aunque son 3 los modelos, el más extendido es el MODELO ASERTIVO COMUNITARIO, desarrollado como respuesta a las necesidades de los enfermos mentales con psicosis graves y crónicas o con un patrón de elevada frecuentación y uso de recursos.  Y se basan en que todo pivota por un equipo multidisciplinar, cuya toma de decisiones es colectiva.

Aunque pueden leerse artículos de todo tipo, lo cierto es que sí parecen tener beneficios en aumentar la adherencia al tratamiento, reducir el tiempo de hospitalización, mejorar la convivencia, la estabilidad en la vivienda, la independencia y con ello la calidad de vida, la satisfacción del usuario y la de su familia.  Menos constantes son los hallazgos en cuanto a la reducción de la gravedad de los síntomas, del abuso de sustancias y del empleo cuando se comparan con tratamientos estándar (atención ambulatoria en centros de salud mental).

Tras esta pequeña introducción sobre los orígenes, su llegada a España pasa en todos los casos por su implantación tras la adopción de este modelo por cada comunidad autónoma que así lo ha decidido.  Es decir, siempre tras su aprobación formal como programas (caso de Cataluña o Madrid) o como Acuerdo Marco (en el caso de Andalucía) o el muy conocido Plan de Salud Mental de Asturias 2014-2020 basado en las experiencias de "modelo Avilés".

Al propio tiempo, en el Estado, se aprobó la llamada Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el año 2006, actualizada en 2009 y frustrada su revisión en 2016 porque la propuesta del Gobierno contenía errores y vaguedades.

Recientemente, a primeros de este mismo mes de Noviembre de 2017 una iniciativa de partidos de izquierda han instado al Gobierno a que de nuevo retome este trabajo, en cuyo contenido debe prestarse atención a los equipos multidisciplinares, y en este sentido se destaca que su composición sea exclusivamente de algunas profesiones sanitarias.

Con todo lo anterior, lo cierto es que en nuestro país va calando, poco a poco el modelo TAC (Tratamiento Asertivo Comunitario), cuyo origen e implantación mas fuerte tiene lugar en Avilés, puesto en marcha en 1999 "para actuar en la comunidad con aquellos pacientes que presentaban especiales dificultades de seguimiento por parte de los equipos y unidades de Salud Mental de la zona".
Otras comunidades, como Andalucía, Cataluña, Galicia (Ferrol), Castilla la Mancha (Albacete), Canarias (Las Palmas, Tenerife) o Murcia han realizado o llevan a cabo experiencias cercanas a este modelo.

También es de destacar que en estos casos no ha sido suficiente la mera externalización de los servicios sanitarios para conseguir mejoras evidentes, sino que existe una estrecha colaboración con las consejerías de servicios sociales que son las que "reciben" a estos pacientes poniendo a su disposición su red de pisos, albergues o residencias.

Y ¿cómo estamos en Castilla y León?

Pues es de preocupar no tanto la elección de un modelo u otro, sino cómo se llega a la situación actual, con un cambio en el modelo de atención al enfermo mental metido con calzador en nuestro Servicio de Salud, sin que se haya contado con sus profesionales, con las asociaciones de pacientes y familiares de enfermos y, sobre todo sin un debate político que asiente sus bases en una norma consensuada más allá del núcleo de gobierno de la comunidad.

Si pensamos que en el origen de este cambio de modelo de atención está un intento fallido de Unidad de Gestión Clínica cuando ni siquiera se había conocido ni debatido y que pese a ser anulado por los tribunales siguió funcionando, posiblemente se comprenda todo lo que rodea a este cambio de modelo precisamente en el área de la Salud Mental.

Pero han aprendido.  A pesar de que el modelo se impone por la vía de los hechos, tras la marcha atrás provocada por la sentencia a una demanda de CCOO, sus impulsores se han armado de las normas necesarias para que su proyecto siga su curso con menos obstáculos, menospreciando precisamente a quienes son sus verdaderos destinatarios y a los profesionales encargados de llevar a cabo la atención sanitaria, sea con uno u otro modelo asistencial.

Con la publicación del Decreto de 2014 que regula la constitución y funcionamiento de Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León, la Consejería retoma de nuevo el impulso a este cambio desoyendo el duro rechazo de los profesionales y ninguneando tanto al resto de fuerzas políticas como a las asociaciones de enfermos y familiares.
 
Por tanto, uno de los obstáculos para seguir avanzando en su modelo ya estaba superado. Faltaba el otro: el que permitiese (más o menos) poder llevar a cabo un modelo de atención en salud mental que, basado en el Tratamiento Asertivo Comunitario antes comentado, fuese más allá, sobre todo en "el control de la articulación de toda una red de prestaciones" por parte de determinadas personas o entidades y que, para algunos, supone el verdadero fin que se esconde tras este cambio de modelo y que se materializa, hace ahora un año, con la publicación, por la Consejería de Hacienda del Acuerdo 66/2016, de 27 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las directrices que ordenan el funcionamiento del modelo integrado de atención socio sanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental.
 
La primera sorpresa viene por cómo se produce su publicación: Consejería de Hacienda.  ¿Un cambio de modelo asistencial promovido por Hacienda?  La segunda, que ya no lo es tanto, es que bajo el pretexto de dar una mejor asistencia sanitaria a los pacientes de Castilla y León, lo que se consagra en realidad es un modelo de negocio amparado por una supuesta falta de medios públicos y que, para que nada se escape, se llevará a cabo a propuesta de sus propios interesados.
 
De la lectura del Acuerdo, que no tiene reparo en señalar que la red empresarial que se propone lo hace porque los servicios públicos son insuficientes o están descoordinados, establece los procedimientos no sólo para garantizar que el tratamiento, rehabilitación, cuidados y apoyos que precisan las personas con discapacidad por enfermedad mental sean los adecuados, sino hasta incluso en la protección de los derechos civiles de los enfermos mentales.
 
Pero claro, cuando nos preguntamos quiénes serán los destinatarios (beneficiarios) de este modelo, enseguida lo comprendemos cuando en su texto leemos que la asistencia se realizará bien por las Administraciones Públicas de Castilla y León y "POR LAS PERSONAS FÍSICAS Y LAS ENTIDADES PRIVADAS, EN ESPECIAL LAS DE INICIATIVA SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE PARTICIPEN CON LAS ADMINISTRACIONES EN LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ENFERMEDAD MENTAL."
 
Nos encontramos pues ante una norma que da vía libre a que las entidades privadas sean las únicas que materialicen la puesta en marcha de un cambio de modelo de atención en salud mental en Castilla y León, el modelo basado en el Tratamiento Asertivo Comunitario.
 
LOS PROFESIONALES
 
Este cambio de modelo y la puesta en práctica de una atención integrada como la que se pretende, sólo es posible bajo el paraguas (o mejor la desregulación) que permiten las Unidades de Gestión Clínica tal y como se las entiende en nuestra comunidad.  Y esto es así porque supone pasar de una organización perfectamente estructurada en cuanto a derechos, deberes y su correlación con los salarios, a otra, aceptada "voluntariamente" y que desarticula cualquier ritmo de trabajo bajo la apariencia de mejoras en horario o en dinero.  Y la verdad es que eso es posible; lo primero incumpliendo lo aceptado, porque ese modelo conlleva la atención 24 horas, y lo segundo basado en engaños a la hora de asignar guardias y complementos por trabajos realizados.
 
En definitiva, estamos ante un cambio de modelo introducido por la fuerza antes en el Área de Salud de Zamora y ahora en Valladolid, amparándose en una Alianza Estratégica con el Hospital Río Hortega (HRH) con argumentos falsos como el que señala que "comparten  desde hace años los modos de actuar en la atención a los pacientes de salud mental" y que trae, en estos momentos, en jaque a la comunidad profesional no sólo del HRH sino también del Hospital Clínico Universitario (HCU) por querer implantar unas ideas concretas sobre asistencia sanitaria al conjunto de los profesionales, que ven cómo sus reticencias al modelo son respondidas por estos dirigentes con amenazas, algunas veladas y otras no tanto, y cuyo fin, nunca escrito es el crecimiento empresarial de una entidad privada.