CCOO denuncia que más de cien mil dependientes grandes y severos no reciben prestación económica

    La Ley de la Dependencia, a fecha 31 de octubre de 2018, contempla que existen 867.187 personas beneficiarias de Grados II y III (grandes y severos dependientes), de las cuales 759.853 son beneficiarias con prestación reconocida; lo que se traduce en que 107.334 personas, es decir, el 12,38% del total de dependientes grandes y severos que ya han sido declaradas con derecho a servicio o prestación, sigue a la espera de recibirla. Una denuncia que hace CCOO junto a las patronales del sector (FED, LARES y AESTE) y que conforman el Observatorio del sector y del empleo del VII Convenio de la Dependencia.

    27/11/2018.
    Rueda de prensa del Observatorio del VII Convenio de la Dependencia.

    Rueda de prensa del Observatorio del VII Convenio de la Dependencia.

    Las organizaciones firmantes del VII Convenio de la Dependencia y que conforman el Observatorio destacan que en los últimos cuatro años ha aumentado considerablemente el número de dependientes grandes y severos que están a la espera de recibir la prestación económica que les corresponde. Así, en 2014, se contabilizaban en 89.012 personas Grados II y III pendientes de recibir prestación, frente a las 107.334 de 2018, lo que supone un crecimiento del 20,58%. Unas cifras que evidencian que se ha producido un impacto de un 5% anual, consecuencia del brutal recorte económico que afecta al número de personas pendientes de recibir prestación en el período 2014-2018.

    Según los datos que publica mensualmente el IMSERSO, el reparto de los recursos pone de manifiesto que lo que en todo momento se articuló como una Ley de Servicios Profesionales se ha visto desvirtuada en la práctica con la remisión a la realización de cuidados en el entorno no profesional, alcanzando prácticamente 1/3 de las prestaciones concedidas. Actualmente, 396.225 personas (lo que supone el 31,07% de las prestaciones reconocidas) reciben la cuantía establecida para los cuidados familiares, quedando el porcentaje restante dividido entre la Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal (51.251 personas, el 4,02 %), Teleasistencia (215.084 personas, el 16,87%), Ayuda a Domicilio (226.324 personas, el 17,75%), Centros de Día/Noche (93.956 personas, el 7,37%), Atención residencial (162.885 personas, el 12,77%), P.E. Vinculada al Servicio (122.748 personas, el 9,63%), P.E. Asistente Personal (6.706 personas, el 0,53%).

    En cuanto a la cobertura del SAAD debemos destacar cuatro cuestiones:

    Las prestaciones económicas en el entorno familiar, en valores absolutos, han vuelto a aumentar desde septiembre de 2014. Si bien el dato no es significativo, genera inquietud que se vuelva a implantar un espíritu contrario al de la Ley.

    El modelo de atención domiciliaria y de prevención sirve de excusa para adoptar decisiones en clave de control del gasto público, en detrimento de una atención individualizada que no se produce. Así, por ejemplo, el 20% de todas las prestaciones concedidas representa menos del 1% del total de gasto en Dependencia. En realidad, servicios como la teleasistencia o los servicios de prevención, deberían ser universales y/o más desarrollados. Por contra, desgraciadamente, se mantiene estable la ratio de prestaciones que recibe cada ciudadano, que sigue estando, en el entorno de 1,2.

    La financiación ha estado marcada por la crisis social, financiera, económica y presupuestaria de las Administraciones Públicas, que ha dificultado la implantación de una Ley con 3 líneas de financiación: aportación de la Administración General del Estado, en dos conceptos: nivel mínimo de protección y hasta 2015 nivel acordado; aportación de las Comunidades y participación del beneficiario.

    Las estimaciones de gasto que se establecen son que en 2018 se alcancen los 9.309 MM de euros; en 2019, los 10.192 y para 2020, los 11.139 (Fuente: Comisión de análisis de la situación de la dependencia creada por acuerdo del Consejo de Ministros 10-02-2017).

    Tras 12 años de vigencia de la Ley parece fundamental una revisión de la financiación entre las Administraciones Públicas que equipare las aportaciones de los financiadores públicos, manteniendo en todo caso su naturaleza finalista, la garantía del acceso a las personas en situación de dependencia y la sostenibilidad del Sistema.

    Uno de los objetivos que como organizaciones sociales nos hemos propuesto es la mejora de la calidad del empleo y asegurar la profesionalidad de quienes trabajan en el sector, para lo cual la firma del VII Convenio ha sido un primer pero firme paso.

    Se calcula que el número de personas que presta servicio en el sector ronda los 330.000, de los que alrededor de 190.000 prestan servicio en el sector residencial y unos 140.000 en servicios sin alojamiento. Los cálculos de crecimiento de empleo estiman en torno a 283.000 personas más: 160.000 en Residencias y centros de día/noche y 123.000 en ayuda a domicilio y teleasistencia. Todo ello en función de la apuesta de futuro que realicen las Administraciones Públicas sobre la implantación de la Dependencia.

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