CCOO denuncia a la Residencia DomusVi Usera por someter a trabajadores y residentes a temperaturas que superan lo permitido por ley

  • Responsabiliza a la Comunidad de Madrid de la situación en la que se encuentran los profesionales y los usuarios/as del centro, porque se está poniendo en riesgo su salud
  • La residencia es de titularidad pública y DomusVi tiene concedida la gestión, por lo que la Consejería de Política Social y Familia es responsable subsidiaria directa de lo que ocurra

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Madrid ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la empresa concesionaria de la gestión de la Residencia de Mayores DomusVi, en el barrio de Usera, por permitir la exposición de trabajadores/as y usuarios/as a “altas temperaturas”, superando con creces las que permite el Real Decreto que regula las condiciones ambientales en los centros de trabajo, poniendo en riesgo su salud. Los tramos óptimos para no llegar al disconfort, según la norma, están entre 17ºC y 27ºC

05/08/2019.
Fachada de la Residencia DomusVi Usera

Fachada de la Residencia DomusVi Usera

CCOO acusa a la Comunidad de Madrid de hacer dejación de funciones y, por tanto, la considera responsable directa de lo que allí ocurra y de poner en peligro a los profesionales y a los mayores dependientes.

El pliego de condiciones por el que el pasado mes de diciembre de 2018 se renovó la privatización de la gestión obliga a la empresa al mantenimiento de las instalaciones y a que las reparaciones sean las adecuadas. La Comunidad de Madrid es propietaria del edificio y la residencia ofrece 160 plazas, el 100 por cien son plazas concertadas. El Gobierno regional abona casi siete millones de euros (6.908.965,70 €) en dos años -de las arcas públicas- a DomusVi para mantener la concesión. La Administración tiene que supervisar, garantizar y velar por el cumplimiento del acuerdo y las condiciones en las que se encuentran trabajadores/as y usuarios/as.

Durante la última ola de calor las temperaturas superaron con mucho los niveles permitidos y muchos profesionales sufrieron episodios comprometidos como desmayos y otras patologías provocadas por el calor. En la denuncia, el delegado de personal expone que dicha empresa: “pone en riesgo a los trabajadores del centro, por permitir la exposición de los mismos a altas temperaturas, hecho que constituye una seria amenaza para su salud, incumpliendo con ello los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)”.

Y añade que “en dicho centro, se vienen soportando temperaturas por encima de los rangos recogidos en la normativa de aplicación a lo largo de todo el día, incumpliendo lo establecido en el Real Decreto 486/1997, sin establecer ninguna medida organizativa continuada que ayude a paliar el estrés térmico al que llegan los trabajadores del centro”. Además precisa que “la empresa es conocedora de ello, como atestigua lo recogido en los dos últimos Comités de Seguridad y Salud de fechas 13/02/2019, 21/05/2019”, a los que acude el representante de CCOO y que tienen lugar antes de la ola de calor”.

También en invierno

Los problemas de climatización no solo afectan a la temporada estival sino que también se da la circunstancia contraria con la calefacción en invierno, lo que aumenta considerablemente el riesgo biológico y de enfermedades, tanto para usuarios como trabajadores/as.

El pliego de prescripciones técnicas para la contratación de la gestión del centro señala que: “La empresa adjudicataria será responsable de que el mantenimiento de cada instalación y las reparaciones que en ellas se realicen sean las adecuadas para garantizar el uso racional de la energía y salvaguardar la duración y la seguridad de cada instalación”. Y añade, “el adjudicatario mantendrá el centro, su equipamiento e instalaciones en perfectas condiciones de conservación y funcionamiento”.

La página web de la residencia ofrece 160 plazas residenciales, 40 plazas de Centro de Día y 100 pisos tutelados. El 100% de las plazas son concertadas y el edificio es propiedad de la Comunidad de Madrid. Entró en funcionamiento en 2007 y tiene una plantilla de 134 profesionales.

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