Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla-La Mancha | 28 marzo 2024.

CCOO reclama al Gobierno que recupere la financiación estatal de la dependencia por RD Ley

    El sindicato reclama un incremento presupuestario de 2.000 millones de euros, articulado en el Nivel Acordado de financiación, que sirva para financiar un Plan de Choque con el que se garantice la atención con servicios profesionales de las personas en lista de espera. La urgencia de revertir los recortes presupuestarios justifica la utilización de la figura del Real Decreto Ley.

    29/11/2018.

    En la reunión del Comité Consultivo del Sistema de Dependencia mantenida esta mañana, la Secretaría confederal de Política Social de CCOO ha situado como prioridades para 2019 la atención de las casi 400.000 personas dependientes que continúan en lista de espera o pendientes de valoración, y la recuperación de las prestaciones recortadas en 2012 para volver a situarlas en el nivel de suficiencia que requiere una atención de calidad.

    El sindicato considera que la imposibilidad de que las personas en situación de dependencia accedan a las prestaciones como consecuencia de los recortes impuestos en 2012 justifica la utilización de la figura del Real Decreto Ley.

    Pese al incremento de personas atendidas que ha registrado el Sistema de Dependencia desde las elecciones autonómicas de 2015 en todas las CCAA sin excepción, dicha mejora comienza a dar muestras de agotamiento y tiende a desacelerarse. Una de las causas de ello es que el incremento de la cobertura del sistema se está produciendo a expensas exclusivamente del esfuerzo de los gobiernos autonómicos, mientras el Estado central mantiene el grueso de los recortes impuestos desde 2012 en la financiación del sistema.

    Según los últimos datos publicados por el IMSERSO, a punto de cumplirse 12 años desde la aprobación de la Ley, el Sistema de Dependencia mantiene aún a 1 de cada 5 personas reconocidas en situación de dependencia a la espera de una prestación. En concreto, se trata de 269.238 personas (de ellas 107.334 son Grandes Dependientes o Dependientes Severos), lo que equivale al 20,83%.

    Junto a estas han de contabilizarse 131.270 personas que se encuentran pendientes de valoración y de las que se calcula que aproximadamente el 80% terminarán siendo reconocidas con derecho a prestaciones.

    De la misma forma, la recuperación económica tampoco se ha trasladado a las prestaciones que fueron recortadas en 2012 y que siguen hoy en vigor. Los recortes más duros se concentraron en los servicios de ayuda a domicilio, que vieron reducidas las horas de atención entre un 20% y un 60%, según los grados; así como en los servicios de prevención que se diseñaron directamente tras los recortes, de manera que algunos de ellos, como los servicios de atención temprana se limitan a un mínimo de 6 horas mensuales, incluso en los casos de dependencia más graves. A juicio de CCOO resulta, por tanto, urgente la revisión de las intensidades de las prestaciones recortadas en las legislaturas anteriores hasta volver a situarlas en los niveles de suficiencia con los que fueron diseñados originalmente en la Ley de Dependencia.

    CCOO ha vuelto a insistir en la propuesta que presentó hace meses, cuando calculó que garantizar la atención de la totalidad de la lista de espera requeriría un incremento de, al menos, 2.000 millones de euros anuales en la financiación pública que recibe el Sistema del conjunto de administraciones públicas, y del que el Estado central debería asumir la mayor parte. Del mismo modo, para garantizar que este incremento presupuestario se destina prioritariamente a la atención mediante servicios profesionales de calidad, debería recuperarse el Nivel Acordado de financiación, que permite que el Estado acuerde con las CCAA los criterios de reparto de estos fondos sobre la premisa de la atención preferente en base a servicios profesionales establecida en el artículo 14 de la Ley de Dependencia.

    El sindicato reclama un incremento presupuestario de 2.000 millones de euros, articulado en el Nivel Acordado de financiación, que sirva para financiar un Plan de Choque con el que se garantice la atención con servicios profesionales de las personas en lista de espera. La urgencia de revertir los recortes presupuestarios justifica la utilización de la figura del Real Decreto Ley.