Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Melilla | 18 noviembre 2024.

28 de Abril 2013, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en Trabajo

  • Las reformas y los recortes del Gobierno hacen peligrar la salud y la seguridad en el trabajo

Este 28 de Abril en el marco de la convocatoria que cada año hace la Confederación Sindical Internacional, CCOO y UGT con el lema Las reformas y los Recortes del Gobierno hacen peligrar la salud y seguridad en el trabajo; queremos expresar nuestra voz colectiva sobre la necesidad de proteger y promover la salud de las personas trabajadoras y la seguridad como un medio para lograr el trabajo decente para todas

19/04/2013.
28 de Abril 2013, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en Trabajo

28 de Abril 2013, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en Trabajo

Es esta una jornada conmemorativa, en la que nuestro principal objetivo es recordar a todas y cada una de las personas que han sido víctimas de un accidente de trabajo o que han contraído una enfermedad como consecuencia del mismo y a sus familiares y compañeros.

También es una jornada de acción para defender la salud y la seguridad, de los recortes presupuestarios y los ataques a la regulación y a su ejecución pues estos ataques traerán graves consecuencias a todos los niveles sobre trabajadores y trabajadoras.

Habiendo pasado más de un año desde que se aprobara la reforma laboral del Gobierno actual, que se ha convertido en la mayor agresión en forma de legislación reguladora del mercado de trabajo en nuestro país, no hay ni un solo indicador objetivo que evidencie mejora alguna, ni para los trabajadores y trabajadoras que muy a pesar suyo y nuestro continúan en situación de desempleo, ni para las familias españolas que además de ser víctimas de la regulación laboral, lo son también de los recortes en materia sanitaria, educativa, de vivienda, de igualdad, judicial, tributaria, económica? lo que nos lleva a la situación de mayor pérdida de derechos del período democrático.

En este tiempo se manifiesta ya de manera descarada, sin tapujos, lo que no deja de ser una situación de connivencia entre Seguridad Social, Mutuas y Sanidad, que han apostado por enarbolar la bandera patronal y unirse al discurso de que los trabajadores y trabajadoras son los responsables de la falta de competitividad de las empresas por sus abusos continuos en el acceso a la incapacidad temporal a la que los empresarios y sus amistades peligrosas denominan bajas injustificadas; las bajas laborales constituyen un derecho laboral para una recuperación efectiva de la salud. Trasladar los costes a las personas trabajadoras es una forma de violencia organizacional inaceptable. Todo ello sin preocuparse en absoluto por el escandaloso aumento de los accidentes de trabajo declarados sin baja y las enfermedades profesionales igualmente calificadas sin baja, o de la infradeclaración de los mismos (accidentes graves declarados como leves).

Y preocupándose aún menos, de los costes derivados de las contingencias que siendo profesionales son trasladadas como comunes al sistema público de salud; que por supuesto asumimos entre todos.

La forma de hacer y de gobernar que estamos padeciendo, nos hace reflexionar este 28 de Abril, sobre las consecuencias que la práctica de este modelo económico tiene sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras y la salud pública en general.

Las organizaciones sindicales más representativas hemos venido alertando de que la temporalidad y la precariedad están directamente relacionadas con la siniestralidad laboral; pues somos conocedores de que las condiciones de trabajo son un aspecto esencial que incide de forma directa en la producción de daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras y en su prevención.

En pleno siglo XXI, se nos pretende retrotraer a unas condiciones laborales tan parecidas a la época de la revolución industrial, sin derechos salariales, ni de descanso, ni de jornada, ni de formación, ni a la salud; que cabe preguntarse hasta dónde y hasta cuándo podremos los ciudadanos aguantar la actual situación sociolaboral.

No es sostenible dinamitar las políticas públicas de salud y seguridad en el trabajo dejándolas reducidas a meras declaraciones de intenciones en el mejor de los casos, y pensar que todo seguirá evolucionando hacia la mejora de la siniestralidad por mera inercia.

El importante recorte económico del 40% llevado a cabo por el Gobierno en materia de políticas públicas en prevención de riesgos laborales, y que en el caso de algunas Comunidades Autónomas alcanza hasta el 100%, podrá tener como consecuencia a medio y largo plazo un aumento considerable de la siniestralidad laboral y con este más sufrimiento a las personas trabajadoras y a sus familias, además de un considerable aumento de los costes que en materia de prestaciones de incapacidad, invalidez, viudedad y orfandad.

Las distintas formas de violencia que se están ejerciendo sobre las personas dentro y fuera de su trabajo en lo que venimos denominando las formas de violencia interna (en la propia empresa) y externa (ejercida por los recortes del Gobierno) suponen una elevada presión psicosocial, que tiene un claro reflejo en la disminución de la declaración de los accidentes y enfermedades profesionales con baja, mientras aumentan tanto en el caso de los accidentes, como en el caso de las enfermedades las declaraciones sin baja. Hoy no es anormal encontrar en el centro de trabajo a alguien que está enfermo pero por temor a la pérdida del puesto de trabajo, o por la pérdida de salario que le provoca la situación de baja médica (porque entre patronal y Gobierno han puesto las medidas necesarias para ello), no tienen más remedio que acudir en malas condiciones a trabajar, con los riesgos que esto conlleva.

Desde UGT y CCOO apostamos por una salida de la crisis más solidaria, equitativa, justa y que garantice una adecuada protección social, con una fiscalidad progresiva y con reformas en los sistemas productivos que apuesten por la calidad y el valor añadido del factor humano.

El Gobierno debería considerar la prevención de riesgos laborales como un principio de calidad y competitividad de las empresas, poniendo en valor la inversión en ello y no planteando políticas de ajuste que comprometan la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras.

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