En esa dirección, desde el Área Pública de CCOO realizamos unas consideraciones que son parte de las iniciativas que venimos desplegando en los últimos años y que consideramos deben estar presentes en las diferentes iniciativas y programas que las fuerzas políticas democráticas debieran tomar en consideración, bien para su incorporación a los programas electorales, o bien para su debate y acogimiento en la campaña.

COMPROMISO EN LA MEJORA Y DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO GARANTÍA EN LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

Desde el Área Pública de CCOO exigimos un mayor compromiso de los partidos políticos que concurren a las elecciones generales con los servicios públicos, como única garantía para la necesaria cohesión social y territorial.

Servicios públicos que están residenciados en la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, la protección de las personas a través de políticas de seguridad pública, de infraestructuras que faciliten la movilidad, transportes en régimen concesional regulado, atención de las instituciones en la gestión de las necesidades administrativas, de ejercicio de acceso a la justicia, de la protección de sus derechos democráticos, disponer del control del agua como un bien universal, derecho a la información veraz a través de medios de comunicación públicos, acceso a la cultura, o garantía de extensión de la digitalización, especialmente en el mundo rural o zonas más aisladas, que se le reconocen como la España vaciada.

Los servicios públicos esenciales son la única garantía de equidad en derechos de ciudadanía. Por ello, debe haber una apuesta clara porque éstos se presten directamente por empleados y empleadas públicas, garantía de calidad en el desempeño de los mismos, lo que debe conllevar la reversión de servicios públicos externalizados.

RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS ARREBATADOS A LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

CCOO ya valoró que, atendiendo las demandas del sindicato, el Gobierno aprobase el RDL 24/2018 para garantizar los incrementos retributivos del 2018 para las empleadas y empleados públicos, conforme al II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito el 9 de marzo con el Gobierno del PP. Pero el Gobierno en funciones debe igualmente garantizar por la vía normativa que se considere los incrementos retributivos para el 2020, con un compromiso claro y nítido con el conjunto de las empleadas y empleados públicos.

Respecto a este acuerdo, exigimos su cumplimiento, desarrollo y mejora. Una labor imprescindible que deben acometer las formaciones políticas para lograr la recuperación de los derechos arrebatados a más de tres millones de empleadas y empleados públicos, con la excusa de la crisis económica.

En concreto y por materia, se debe garantizar:

Salarios: la subida salarial del 2% desde el 1 de enero 2020 y adaptación de la nueva previsión de crecimiento económico del 2,1% del PIB, en lugar del 2,5% que recogía el II Acuerdo, previsión del Gobierno anterior, para respetar el espíritu del mismo, para garantizar la subida variable del 1% de 2020, a partir del 1 de julio, o cualquier otra previsión del Gobierno que se produzca tras las elecciones generales del 10 de noviembre.

Fondos adicionales: debe matizarse de manera nítida que los fondos adicionales son parte de las retribuciones, y por tanto su reparto es de obligado cumplimiento. Reparto que debe hacerse a través de la negociación colectiva en los tres ejercicios presupuestarios, 2018/2020. Para un futuro tercer Acuerdo, estos fondos deben incrementarse, ya que son el instrumento para reducir o eliminar la brecha salarial de género, incrementar los salarios más bajos, reducir diferencias retributivas en complementos específicos y/o de categorías profesionales o responder a las demandas que se están llevando a cabo en las distintas mesas de negociación; convenios colectivos y/o acuerdos.

Empleo: negociación de las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020 y no, como unilateralmente ha hecho el Gobierno, trasladar los parámetros de tasa de reposición del 2018. Esto rompe con el II Acuerdo en materia de empleo público, donde se dejaba la referencia exclusivamente al ejercicio 2018 y por tanto abierto a mejora en 2019/2020, hasta conseguir la eliminación de la tasa de reposición. En este sentido solo hay que ver el avance en esta materia del primer acuerdo en 2017 respecto al segundo del 2018.

Los objetivos del sindicato son, por un lado, la recuperación del empleo público perdido, y por otro, acometer el necesario rejuvenecimiento de las plantillas, hecho de imperiosa necesidad habida cuenta de la edad avanzada, próxima a la jubilación de un altísimo porcentaje de las plantillas y que pone en cuestión la continuidad de los servicios públicos con eficiencia, calidad y universalidad de la prestación.

Estabilización del empleo: agilizar los procesos, con las máximas garantías jurídicas, para garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en esta materia, a los efectos de reducir la temporalidad del 24% al 8% en todo el sector público a finales de 2020, no sólo de puestos de estructura sino de todos los que son de necesidades estructurales, que en su mayoría están cubiertos de manera alegal, ilegal o inclusive en fraude de ley, amplamente denunciado por nuestra organización.

Imprescindible acabar con el fraude o abuso en la contratación, para ello sin dilación, además de culminar los procesos de estabilización/consolidación, se debe acometer una modificación del EBEP, que establezca la obligatoriedad de convocatoria de las ofertas de empleo público con carácter anual, especialmente aquellas plazas vacantes que hayan sido ocupadas de manera provisional a lo largo del ejercicio anterior.

El Área Pública de CCOO en ningún caso va a permitir la amortización de las plazas y exigirá la adaptación del EBEP y demás normas de aplicación que evite el fraude o abuso en la contratación donde queden claramente reflejadas las sanciones disuasorias ante tales abuso.

Estatuto Básico del Empleado Público: desarrollo del Estatuto, pendiente desde su publicación en el año 2007, en concreto en todo lo concerniente; respecto a la garantía de cumplimientos de los acuerdos, la mejora para el acceso al empleo público, obligatoriedad de resolver las OEP, agilización de los procesos selectivos, eliminar cualquier tipo de discriminación entre personal fijo y temporal, carrera profesional, evaluación del desempeño, cualificación y clasificación profesional, culminación de la disposición transitoria tercera del EBEP, movilidad interadministrativa, regulación del teletrabajo, entre otros.

Jornada: desvinculación de los objetivos de déficit para recuperar y extender la jornada de 35 horas, con las adaptaciones oportunas en los diferentes sectores para hacerla realmente efectiva.

Igualdad: aprobación de los planes de igualdad y de medidas de corresponsabilidad y conciliación.

Clases pasivas: incremento sustancial de haberes reguladores de los grupos del A2 al E, para evitar que se siga deteriorando la calidad de las pensiones de clases pasivas.

Administración Local: impulsar la negociación de Acuerdo Marco de mínimos en el ámbito de la Administración local, respetando el derecho a la negociación colectiva en cada ámbito.

Servicio Exterior: recuperación del poder adquisitivo y exigencia de pleno derecho a la negociación colectiva y desarrollo democrático del proceso de elecciones sindicales.

Mesa de diálogo social del sector público empresarial: necesidad de su constitución como espacio de diálogo, bajo el respeto a la negociación colectiva en cada ámbito, así como para la evaluación, consideración y negociación de aquellas iniciativas y propuestas que sean oportunas para integrar a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores públicos, ahora en un limbo representativo.

AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO EN LOS SERVICIOS ESENCIALES PARA LA CIUDADANÍA

Financiación adecuada para el conjunto de las Administraciones Públicas, especialmente a las comunidades autónomas y corporaciones locales, para garantizar el correcto desarrollo de las políticas públicas, recuperación del estado de bienestar, cohesión social y territorial, así como la prestación de los servicios con la calidad que requiere y merece la ciudadanía.

Aumento del gasto público en los servicios esenciales para la ciudadanía, que permita, además de garantizar la financiación de los servicios públicos como sanidad, servicios sociales, educación y dependencia, inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación de las y los empleados públicos.

Especial esfuerzo se requiere para los servicios públicos que atienden a las personas migrantes y refugiadas. Por ello, para el Área Pública de CCOO es necesario aumentar las dotaciones de personal de estos servicios de forma prioritaria en los centros de menores no acompañados y mejorar sus condiciones de trabajo y cualificación.

España debe recuperar el gasto social anterior a la crisis para ir acercándonos a los países de nuestro entorno y, sobre todo, garantizar los derechos de ciudadanía que la crisis ha puesto en riesgo, como copagos, o dificultades de acceso a los servicios públicos, entre otros