Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Madrid | 21 julio 2026.

CSCCOO

La financiación del Sistema de Dependencia debe garantizar empleos y servicios públicos de calidad, reforzando el sistema de cuidados

  • El Sistema de Atención a la Dependencia es una pieza esencial y estratégica del necesario sistema de cuidados que reclama el sindicato

07/07/2026.
El Sistema de Atención a la Dependencia es una pieza esencial y estratégica del necesario sistema de cuidados que reclama el sindicato

El Sistema de Atención a la Dependencia es una pieza esencial y estratégica del necesario sistema de cuidados que reclama el sindicato

CCOO saluda la decisión adoptada por el Ministerio de Derechos sociales de incrementar la financiación estatal del Sistema de Dependencia. Para el sindicato, la medida es coherente con las previsiones del plan de choque suscrito en 2020 con las organizaciones sindicales y empresariales para el periodo 2021-2023, que desde entonces ha garantizado un incremento de financiación adicional sostenida desde el Estado central de 1.800 millones anuales y que acumula más de 8.000 millones desde entonces.

La medida adoptada ahora en el Real Decreto-ley 17/2026 supone que el Estado central duplicará la financiación que venía aportando al conjunto del Sistema de Dependencia. Una medida necesaria que, sin embargo, se ha demorado excesivamente, entre otras cuestiones, por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en esta legislatura. Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, ha resaltado que se trata de una “buena noticia, que nos hubiera gustado que hubiera venido precedida de un proceso de negociación”.

Dos décadas después de la aprobación de la Ley de Dependencia, por fin, el Estado central sitúa su participación en la financiación del Sistema en torno al rango que le corresponde. Para garantizar que estos fondos se destinan a servicios públicos y empleos de calidad, CCOO propone que se suscriba un acuerdo marco con el Gobierno y las organizaciones empresariales para llevar a cabo un proceso de seguimiento y evaluación de las políticas en su nueva situación presupuestaria.

Al respecto, Bravo ha resaltado que es una “magnífica oportunidad para hacer un seguimiento y distribuir los fondos para reforzar la calidad de los servicios que se prestan a las personas y la calidad del empleo de las personas que lo prestan”.

CCOO recuerda que la financiación estatal debe dirigirse a garantizar el cumplimiento de la Ley de Dependencia. En concreto, a garantizar la atención de todas las personas en situación de dependencia preferentemente mediante servicios profesionales y a garantizar la calidad del empleo de quienes los prestan. No en vano, la calidad del empleo, entre otras, implica cuestiones tales como las ratios de plantilla o los porcentajes de jornada que condicionan el tiempo de atención que reciben las personas dependientes, la formación que tienen los profesionales a la hora de prestar los servicios, etc.

Para garantizar estos elementos, CCOO defiende que el incremento de financiación estatal se concrete jurídicamente de forma que se garantice el destino final de estos recursos en un formato que compense económicamente a los territorios que cumplen con estos objetivos de calidad de la atención y no “sobre-financie” a los que utilizan prestaciones económicas que no garantizan esta atención.

Para el sindicato, había dos alternativas: llevar la financiación adicional al nivel acordado de modo que el reparto de la financiación adicional se estableciese por acuerdo con las CCAA condicionando al cumplimiento de determinados compromisos de calidad; o, haber modificado la estructura del nivel mínimo de financiación dando cumplimiento completo al mandato establecido en el art. 9.1 de la Ley en el que se prevé la posibilidad de que, además del grado de dependencia reconocido a cada persona, una parte de la cuantía tenga en cuenta el tipo de prestación que se reconoce en cada caso. Cualquiera de las dos fórmulas habría sido funcional para garantizar que el destino final de los nuevos recursos sea mejorar la calidad de la atención.

Sin embargo, la opción por la que opta el RDL 16/2026 es el incremento lineal del nivel mínimo, sin distinguir las prestaciones con las que se atiende a las personas en situación de dependencia. Con toda probabilidad, ello por si solo no ayudará a revertir por si solo la tendencia que registra el SAAD desde 2024 orientándolo progresivamente a un escenario de cuidados informales que amenaza con ser mayoritario. El 44,7% del total de personas reconocidas con una prestación recibe una prestación económica de cuidado familiar, y el 14,2% reciben una prestación económica vinculada a un servicio que exige asumir “doble copago” para acceder a la red de servicios. Estas son las prestaciones con las que principalmente se viene reduciendo la lista de espera del Sistema y que, además, despliegan un importante efecto de género.

Es por ello que en la mesa de diálogo social convocada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Comisiones Obreras ha exigido una serie de medidas para que las comunidades autónomas no reduzcan su contribución al sistema con la llegada de los nuevos fondos estatales, como exigir que se publiquen los datos de copago; que vinculen estos nuevos fondos a reforzar provisión pública de servicios profesionales, y a elevar precios de concierto condicionados a mejora clara de condiciones laborales, económicas, de empleo de las personas trabajadoras.

En el caso de las empresas, el sindicato exige una mejora generalizada de la calidad del empleo, jornada, condiciones de trabajo, salario, etcétera; vinculando además el incremento de precios de concierto al cumplimiento de las condiciones laborales pactadas en la negociación colectiva.

Finalmente, CCOO ha pedido también al Gobierno que permita flexibilizar la aplicación de la Ley de Desindexación y revisar los pliegos y contratos de prestación de servicios en curso, habilitando la aplicación de todas estas mejoras.

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