Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla y León | 23 abril 2024.

CCOO rechaza la modificación de las bajas porque da a las mutuas poder sobre las contingencias comunes

    El sindicato Comisiones Obreras rechaza contundentemente el proyecto de Decreto que ha elaborado el Gobierno de Mariano Rajoy para modificar la gestión de las bajas laborales. Bajo el supuesto de lucha contra el absentismo laboral el Gobierno prepara otra vuelta de tuerca a los derechos laborales más básicos de la ciudadanía, como es su derecho a la salud

    25/02/2013.

    La primera filtración sobre el proyecto de decreto hacía concebir esperanzas a profesionales y ciudadanos en el aspecto de que disminuía la burocracia que estos procesos de IT conllevan y ya no sería necesaria la expedición de partes de confirmación semanales en función de la duración del proceso concreto de que se tratase.  Incluso cabía la posibilidad de la extensión del parte de baja y de alta en un mismo momento para aquellos casos cuya duración prevista durase hasta cinco días.

    Pero el proyecto de decreto ocultaba una perversidad que realmente va a perjudicar a médicos y ciudadanos, puesto que el proyecto de decreto modifica la legislación sobre las bajas médicas por enfermedades comunes, es decir las producidas fuera del ámbito laboral, para facilitar que las mutuas puedan dar el alta médica, con lo que se logran dos objetivos muy queridos por las organizaciones empresariales como son restar capacidad de decisión a la sanidad pública sobre los problemas sanitarios de la sociedad y permitir a los propios empresarios tomar decisiones, por vía interpuesta, sobre las bajas laborales de sus trabajadores.

    Por lo tanto, mientras el Gobierno del Partido Popular ha vendido la nueva medida como una ventajosa salida a las bajas de los trabajadores, en realidad escondía que los médicos de las mutuas dispondrán de toda su capacidad de decisión final sobre las bajas laborales otorgadas por los facultativos de la Seguridad Social, y podrán extender el parte de alta si en el plazo de 4 días desde su petición de informe no reciben una respuesta del médico que concedió la incapacidad.  De esta forma el silencio administrativo, que suele ser positivo para la ciudadanía, se convertirá en un castigo para el paciente, y más todavía si tenemos en cuenta que la política de recortes del Partido popular ha llevado a que cada día falten a su puesto de trabajo muchos de estos médicos debido al obligatorio descanso post-guardia, obligando de paso a los demás a un incremento de su presión asistencial al tener que hacerse cargo de consultas ajenas, incluyendo aquellas que tienen relación con el proceso de IT, que pueden confirmar pero que no pueden ni deben revocar por desconocer la situación real del paciente.

    Hay que tener en cuenta que los médicos de atención primaria están acostumbrados a valorar y conceder bajas laborales, e incluso a renovarlas semanalmente, pero no tienen hoy por hoy, la presión de las mutuas sobre sus decisiones ni tienen que contestar consultas sobre la salud de sus pacientes, algo que, incluso, puede generar dudas sobre la confidencialidad de los datos que tienen que guardar los facultativos por Ley.  Mientras tanto en el lado de los médicos de las mutuas habrá una presión también mayor por parte de sus empresas para que aborten cuantas bajas les sea posible por este poco profesional método administrativo, ya que son las responsables del pago de los salarios desde el primer día de la baja laboral. En el fondo no se trata más que de un nuevo recorte del que no serán beneficiarios ni la sanidad, ni la Seguridad Social, sino los empresarios, y del que los paganos serán los trabajadores que verán mermados más derechos laborales también por la vía de la incapacidad laboral.

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