Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios | 18 junio 2026.

NOTA DE PRENSA

CCOO denuncia que varias comunidades autónomas están recurriendo a la contratación de personal médico y facultativo sin especialidad y alerta del riesgo para la seguridad asistencial

    El sindicato advierte de que esta práctica, cada vez más extendida en Atención Primaria, salud mental y urgencias, responde a la falta de planificación y a unas condiciones laborales que expulsan a los y las especialistas del sistema público.

    07/05/2026.
    Personal Médico

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    La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) denuncia que distintas comunidades autónomas están recurriendo de forma creciente a la contratación de personal médico y facultativo sin la correspondiente formación sanitaria especializada (FSE), una práctica que, según advierte, “pone en riesgo la seguridad de la población y deteriora la calidad de la atención sanitaria”.

    El sindicato señala directamente a las administraciones autonómicas como responsables de esta situación, al considerar que están optando por soluciones “rápidas pero inadecuadas” ante la falta de cobertura de plazas, en lugar de abordar el problema estructural del sistema sanitario público.

    La normativa vigente es clara. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (44/2003) y el Real Decreto 183/2008 establecen que las plazas asistenciales deben ser ocupadas por profesionales que hayan completado la formación especializada vía residencia. Sin embargo, cada vez más comunidades autónomas están recurriendo a profesionales sin esta cualificación. “Saltarse este requisito es abrir la puerta a un modelo que debilita la sanidad pública”, subrayan desde CCOO.

    Según denuncia la organización, esta práctica se está extendiendo en distintos ámbitos clave. En Atención Primaria, con la incorporación de médicos sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o Pediatría; en salud mental, con intentos de cubrir plazas de Psicología Clínica con profesionales sin formación PIR; y en servicios de urgencias hospitalarias, especialmente en hospitales comarcales, donde la falta de profesionales está siendo suplida con personal sin la cualificación requerida.

    CCOO advierte de que se trata de una tendencia que ya se está consolidando en varios territorios. “Se está normalizando algo que tiene consecuencias directas sobre la seguridad asistencial”, apuntan.

    El sindicato recuerda que existen pronunciamientos judiciales que obligan a adecuar las funciones asistenciales a la titulación especializada correspondiente, lo que está generando conflictos legales en diferentes comunidades autónomas que han optado por estas prácticas.

    Para CCOO, el problema de fondo no es la falta de profesionales formados, sino la incapacidad del sistema para retenerlos. “Faltan condiciones laborales atractivas para que se queden: estabilidad, salarios dignos y una carga de trabajo asumible”, explican. En este sentido, acusan a las comunidades autónomas de no haber planificado adecuadamente las necesidades de personal ni haber adoptado medidas eficaces de fidelización.

    El sindicato alerta, además, de que esta estrategia tiene efectos en cadena. Por un lado, devalúa la formación sanitaria especializada, desincentivando años de formación exigente e introduciendo claramente dos sesgos.

    Uno que tiene que ver con el deterioro continuado que está sufriendo el ámbito asistencial de Atención Primaria, pues estas contrataciones en fraude de ley se hacen fundamentalmente sobre especialidades que sustentan la Atención Primaria (Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria), introduciendo el concepto peligroso y nefasto de que la cualificación y la acreditación de competencias para un profesional sanitario de Atención Primaria no ha de ser tan exigente como la que se le requiere a los profesionales de otras especialidades que prestan servicios en los grandes hospitales.

    Y se introduce también un segundo sesgo, esta vez de carácter territorial, al admitir profesionales sin suficiente acreditación de sus competencias para trabajar en centros de salud rurales y en centros asistenciales comarcales mientras se mantiene un nivel de exigencia mucho mayor en el ámbito urbano, potenciando una discriminación asistencial en función de que la población resida en el ámbito rural o en el urbano.

    Especial preocupación genera el impacto sobre la formación sanitaria especializada. CCOO denuncia que en algunos centros se están produciendo situaciones en las que personal sin especialidad participa en la supervisión de residentes o en tareas docentes, algo que considera “inaceptable” y que compromete la calidad del sistema formativo. “Si se debilita la formación, se debilita el futuro del sistema sanitario”, advierten.

    Además, el sindicato señala que esta dinámica está reduciendo la capacidad docente de los centros acreditados y sobrecargando a profesionales que sí cuentan con la acreditación necesaria para tutorizar residentes.

    Ante esta situación, CCOO reclama a las comunidades autónomas un cambio de rumbo y reclama que se actúe de manera inmediata para corregir esta deriva. También pide una planificación real de las necesidades de profesionales, con convocatorias suficientes de formación sanitaria especializada, así como medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales.

    Entre ellas, destacan el refuerzo de la Atención Primaria, el desarrollo de incentivos específicos para especialidades con mayores dificultades de cobertura, el apoyo a las unidades docentes y la agilización de los procesos de homologación de títulos de profesionales extracomunitarios, asegurando la equivalencia formativa y competencial exigida en el SNS.

    “Garantizar que la atención sanitaria la prestan profesionales con la cualificación adecuada es un derecho de la ciudadanía y una responsabilidad directa de las administraciones”, concluye CCOO.

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