ANDALUCÍA

CCOO exige a las empresas que abonen “inmediatamente” el incremento salarial del 6,5% al personal de la Dependencia

    La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) denuncia que la mayoría de las empresas de la Dependencia no está aplicando la subida salarial del 6,5% al personal de las residencias de mayores y del servicio de ayuda a domicilio, incumpliendo por tanto lo dictado en la sentencia de la Audiencia Nacional que los obliga. Concretamente, la citada sentencia afecta a más de 54.000 personas trabajadoras en Andalucía, en su mayoría mujeres “que se ven condenadas a seguir sufriendo la precariedad laboral” en este sector. 

    11/07/2022.
    Foto: Freepik

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    La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha reclamado por escrito a todas las empresas de la Dependencia la aplicación del incremento salarial del 6,5% y al abono de los atrasos generados desde el pasado 1 de enero. “Lamentablemente son pocas las empresas que nos han informado de que vayan a regular los salarios de las trabajadoras”, mantiene la responsable del Área de Acción Sindical no SAS de la FSS-CCOO Andalucía, Magdalena Rubio, a quien le llama la atención que las administraciones públicas no obliguen a las empresas a aplicar el convenio cuando son las que ofertan, en la mayoría de los casos, la gestión de los servicios de ayuda a domicilio y las residencias de mayores.

    “Con esta actitud de las empresas nos dan más argumentos para exigir que el servicio de ayuda a domicilio sea gestionado íntegramente por las administraciones públicas, así como para que la Junta de Andalucía apueste por un modelo de gestión público del resto de sectores de la Dependencia y se deje de una vez por todas de enriquecer a estas empresas, que lo que hacen es precarizar aún más las condiciones del servicio”, advierte la dirigente sindical.

    Ante esta situación, CCOO anuncia que comenzará un periodo de movilizaciones en los centros de trabajo y en las puertas de las entidades locales para exigir “a todas las partes implicadas” el cumplimiento de la sentencia y el convenio colectivo y que estos servicios “sean gestionados directamente” por las entidades públicas responsables de su prestación.

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