CCOO considera un avance las medidas que contempla la Orden para residencias de mayores y centros sociosanitarios pero las considera insuficientes ante la crisis del COVID-19

    CCOO valora la publicación en el Bolentín Oficial del Estado (BOE), ayer 21 de marzo de la Orden SND/265/2020, puesto que recoge algunas de las reivindicaciones del sindicato en lo que respecta a la ordenación del funcionamiento de las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, en el marco de la crisis ocasionada por el COVID-19.

    22/03/2020.

    La orden insta a los centros a clasificar a sus residentes con carácter urgente y establece las condiciones para su aislamiento. En este sentido, establece que se deben reducir al mínimo los contactos con personas residentes afectadas por contagio, posible o confirmado, como así también los tiempos de exposición. Para ello, las trabajadoras serán asignadas a cada uno de los grupos sin posibilidades de que existan rotaciones entre ellos.

    La Orden también establece medidas relativas a la limpieza de los centros y determina la realización de pruebas diagnósticas, con carácter general, a los casos que presenten síntomas de infección respiratoria aguda para confirmar posible infección por COVID19.

    Pese a suponer un avance, para CCOO las medidas recogidas en la misma resultan insuficientes para atender la difícil situación que están viviendo los servicios de atención a personas mayores y dependientes. En concreto, siguen sin garantizarse los equipos de protección necesarios para las y los profesionales y sin establecerse criterios comunes para la actuación de los servicios de ayuda a domicilio.

    En lo que respecta al servicio de ayuda a domicilio, CCOO ha trasladado a los ministerios competentes la necesidad con urgencia para:

    1º. Determinar los perfiles de personas en situación de dependencia que deben ser consideradas de atención prioritaria; tales como Grandes Dependientes, personas sin ningún tipo de recurso familiar, o cualesquiera otros que se considere oportuno.

    2º Proceder por parte de la autoridad sanitaria y de servicios sociales competentes a la adaptación de los programas individuales de atención (PIA) de las personas incluidas en los colectivos de atención prioritaria, de manera que se prioricen las actuaciones que se consideren imprescindibles en cada caso, tales como el aseo personal, la alimentación, el acceso a bienes de primera necesidad y farmacia, entre otras.

    3º Reorganizar los recursos de atención (adaptación de horas de atención, rotación de plantillas, etc.) por parte de la autoridad competente en servicios sociales en colaboración con las empresas prestatarias del servicio y con la participación de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras en cada caso.

    4º Establecer protocolos específicos y medidas de prevención de riesgos laborales asociados al COVID-19 para los trabajadores y trabajadoras que prestan los servicios de atención, de acuerdo a las Recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Las administraciones públicas y empresas responsables de la prestación del servicio deben garantizar a todas las personas trabajadoras los equipos de protección individual, la aplicación de los protocolos y cuantas otras medidas se establezcan por parte de la autoridad sanitaria competente.

    5º Garantizar alternativas de protección y de apoyo para las personas usuarias afectadas por la reorganización de los recursos (apoyo telefónico, teleasistencia, apoyo sanitario).

    6º Buscar alternativas para la atención domiciliaria de personas usuarias afectadas por contagio o aislamiento preventivo, para quienes el apoyo sanitario es fundamental. En estos casos los equipos de protección son indispensables, no debiéndose prestar el servicio bajo ningún concepto cuando no se garantice la protección adecuada.

    Refuerzo de los servicios

    CCOO ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de reforzar los servicios públicos, y muy especialmente los servicios sociales.  El sindicato demanda información sobre los criterios de reparto y las medidas a llevar a cabo con los 600 millones de euros destinados al 'Escudo Social' aprobado por el Gobierno. Con este fin, ha solicitado por carta a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales la convocatoria del comité consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del que forman parte los interlocutores sociales y en el que se debería dar cuenta de los debates y acuerdos del Consejo Territorial.

    En cuanto al cierre de centros como consecuencia del RDL 463/2020, como es el caso de centros de día u ocupacionales, entre otros, la Orden resulta ambigua a ojos del sindicato, puesto da a entender que se podría disponer del personal de estos centros para el refuerzo de las residencias de mayores. Con las debidas garantías para las trabajadoras y trabajadores, y contando con los perfiles profesionales adecuados, podría ser una medida acertada, pero cierto es que al no quedar lo suficientemente claro en la Orden, podría dar lugar a diferencias de criterio en su aplicación, por lo que el sindicato demanda al Ministerio mayor concreción.

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