Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía | 28 marzo 2024.

El personal de las fundaciones públicas de investigación inicia movilizaciones ante el bloqueo de su convenio

    El personal de las fundaciones de la Junta de Andalucía dedicadas a la investigación sanitaria -Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi), Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis), Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (Fibao), en Almería, Granada y Jaén, y Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, con presencia en varias provincias, va a iniciar movilizaciones ante el bloqueo de su primer convenio por parte del Gobierno andaluz. La primera de las movilizaciones será el miércoles 16 de febrero y, si no se llega a un acuerdo, se realizará una convocatoria de huelga.

    14/02/2022.
    Sanidad

    Sanidad

    Los comités y delegados de las cuatro fundaciones públicas de investigación sanitaria en Andalucía, en representación de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SMA y SATSE, convocan para el miércoles 16 de febrero la primera de las movilizaciones ante el bloqueo de su primer convenio colectivo por parte de la Junta de Andalucía, que culminarán en una convocatoria de huelga si finalmente no se llega a un acuerdo.

    “Estas cuatro fundaciones dependientes de la Junta de Andalucía llevan inmersas desde hace casi cinco años en la negociación de un convenio colectivo para regular sus condiciones laborales y unificar “las enormes diferencias salariales” existentes en cada categoría profesional entre las distintas fundaciones e incluso dentro de una misma fundación”, asevera el responsable de fundaciones de investigación sanitaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Luis González.

    Además de la aprobación del convenio colectivo, el personal investigador y aquel dedicado a la gestión de la investigación de Fisevi, Fimabis, Fibao y Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud exigen una amplia estabilización de sus plantillas, cuya precariedad viene sufriendo más de un 90% del personal.

    Tras un “largo y complejo periodo” de negociación entre las direcciones de las fundaciones y los comités y delegados de empresa, se culminó la negociación con un acuerdo de convenio, que fue remitido a la Junta de Andalucía para su aprobación. A partir de ese momento se inició “un largo peregrinaje” del documento consensuado en distintos órganos de la Administración autonómica. En primer término, las partes implicadas dieron una respuesta consensuada a más de 30 modificaciones y aclaraciones incluidas en un requerimiento de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, que fueron validadas. En último término, continuando con la “compleja tramitación”, fue remitido a la Dirección General de Presupuestos, cuyo órgano ha rechazado la autorización del convenio colectivo, alegando que “supone un incremento de masa salarial”, concretamente un aumento de 237.587,99 euros (cuantía necesaria para unificar y regularizar la situación de un total de más de 2.500 personas con “circunstancias contractuales precarias” en muchos casos).

    “Se da la circunstancia de que la cantidad referida no supondría ningún coste para las arcas de la Junta de Andalucía, puesto que se cubrirían con fondos propios de las respectivas fundaciones, lo cual se ha notificado de forma expresa por entenderse un aspecto crítico para conseguir la aprobación del necesario convenio colectivo”, añade González, que señala que, en función de lo acontecido, "se constata un desprecio de la Junta” para solventar situaciones irregulares en el campo de la investigación biosanitaria; un sector esencial en el actual contexto de crisis sanitaria.

    Este hecho contrasta “con las rimbombantes declaraciones oficiales” que han sido emitidas por la Administración, como las conclusiones de la Comisión del Parlamento andaluz para la Reconstrucción Económica y Social de Andalucía, aprobadas por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 24 de septiembre de 2020, que, entre otras cosas, disponen lo siguiente: Aumentar la financiación de la investigación como piedra angular para adelantarnos a nuevas pandemias y como inversión en salud (…). Potenciar los profesionales sanitarios investigadores y definir la carrera de investigación dentro del sistema de salud. Promover un Pacto por la Ciencia y la Innovación para incrementar la inversión total en I+D+I hasta alcanzar la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB (…). Aumento de las partidas destinadas a los contratos predoctorales y postdoctorales ofertados por el sistema público de ciencia e innovación, incrementado tanto su calidad en términos de estabilidad y remuneración como su cantidad. Aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación.

    “Se tratan de declaraciones que la dura realidad se encarga en desmentir. La Junta de Andalucía se niega a dar paso al convenio colectivo de esos investigadores y del personal de apoyo a la gestión de la investigación biomédica, que ni siquiera supone subidas salariales para la mayoría, sino simplemente unificar un caos retributivo y que supondría un coste de 95 euros al año por profesional que, encima, no pagaría la propia Junta de Andalucía”, mantiene el dirigente sindical.

    Por todo ello, los comités y delegados de empresa de las cuatro fundaciones solicitaron en junio de 2021 la intervención del presidente de la Junta de Andalucía para desbloquear esta situación, remitiéndole una carta informativa para que mediara en este proceso, “que desafortunadamente no ha sido atendida”.

    Sin embargo, otras comunidades autónomas, en la misma situación, han solucionado este problema. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por los mismos partidos que gobiernan la Junta, aprobó en 2021 el convenio que regula las condiciones de trabajo en sus 13 fundaciones públicas de investigación, que tenían unas circunstancias de “desregulación y de disparidades salariales” similares a las de las fundaciones de Andalucía.

    Con sus movilizaciones, el personal de estas fundaciones pone de manifiesto “su hartazgo ante esta situación” y denuncia el contraste entre el “enorme valor” de la investigación biosanitaria, como demuestra su papel en la salida a la actual situación de pandemia, y el “desprecio” de los responsables de la Junta de Andalucía.